La AEAT cruza la línea entre modernización y vigilancia totalitaria. Y lo pagamos nosotros.
El expediente de contratación 23840010600 no es un simple proyecto de modernización tecnológica. Es la materialización de una pesadilla jurídica que debería hacernos reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar nuestros derechos fundamentales en el altar de la eficacia recaudatoria. Porque esto va mucho más allá de "luchar contra el fraude fiscal". Esto es vigilancia masiva, perfilado algorítmico y control social. Y lo más grave: se hace sin una pizca de cobertura legal.
El Crimen de Pensamiento Fiscal
En 1984, el Partido no solo controlaba las acciones de los ciudadanos, sino sus pensamientos. Winston Smith era culpable antes de actuar, simplemente por pensar diferente. La AEAT ha dado un paso más allá: ni siquiera necesita que pienses mal. Le basta con que tu comportamiento en redes sociales encaje en ciertos "patrones" que un algoritmo considera sospechosos.
La memoria de licitación lo confiesa sin pudor: el objetivo es "extraer patrones de comportamiento que nos permitan seleccionar a los contribuyentes más incumplidores" e incluso detectar "patrones de comportamiento delictivo". Léanlo de nuevo: comportamiento delictivo. Una administración tributaria —que debería limitarse a verificar si declaras bien tus ingresos— se arroga la potestad de predecir quién va a delinquir. ¿Les suena a policía del pensamiento? Porque a mí, sí.
La diferencia con Orwell es que Winston Smith sabía que vivía en una dictadura. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho. O eso nos han dicho.
714.000 euros de Nuestro Dinero para Crearnos Perfiles Falsos
Aquí viene lo verdaderamente obsceno del asunto. Este proyecto de vigilancia masiva —capaz de procesar 100.000 perfiles, el equivalente a llenar el Bernabéu y que sobren 15.000 personas— no solo es ilegal. Es que lo pagamos nosotros. 714.049,60 euros de dinero público para que Hacienda se convierta en nuestro follower en Twitch o en nuestro suscriptor en Patreon.
Porque la AEAT no se limita a observar. No. El pliego de prescripciones técnicas lo deja cristalino: se crearán "avatares" —perfiles falsos— para infiltrarse en plataformas, acceder a contenido restringido y analizar nuestras vidas. La Administración que exige transparencia a los ciudadanos opera desde la más absoluta opacidad. La Administración que predica legalidad actúa al margen de cualquier ley que la habilite.
Y nosotros, contribuyentes honrados, financiamos nuestra propia vigilancia. Pagamos para que nos espíen. Orwell estaría fascinado.
La Ley que Nunca Existió
Vayamos al meollo jurídico, porque aquí es donde el edificio entero se derrumba. En un Estado de Derecho, la Administración solo puede hacer aquello que la ley expresamente le permite. No existe —repito, no existe— ninguna norma con rango de ley que autorice a la AEAT a crear perfiles falsos para rastrear masivamente redes sociales.
La AEAT podría invocar el artículo 93 de la Ley General Tributaria o el artículo 55 de la LPAC, pero esas normas hablan de requerimientos individualizados en "casos concretos". Procesar 100.000 perfiles no es un caso concreto; es pesca de arrastre. Y la pesca de arrastre digital sin habilitación legal no es modernización: es ilegalidad manifiesta.
Pero es que, además, esta práctica vulnera todos y cada uno de los principios del Reglamento General de Protección de Datos:
- Minimización: ¿Es necesario analizar el contenido de un vídeo de TikTok para calcular el IRPF?
- Finalidad: Detectar "comportamientos delictivos" excede la competencia tributaria.
- Transparencia: ¿Ha notificado la AEAT a alguien que está siendo monitorizado?
- Datos sensibles: Rastrear OnlyFans o Facebook garantiza la recopilación de datos sobre orientación sexual, creencias o ideología política, cuyo tratamiento está prohibido salvo por ley expresa que prevea garantías. Esa ley no existe.
El Tribunal Constitucional (STC 76/2019), el TJUE (asunto C-175/20) y la propia Agencia Española de Protección de Datos ya advirtieron contra prácticas como esta. La AEAT actúa como si esa jurisprudencia no existiera. Como si el Derecho fuera opcional.
En 1984, el Partido reescribía la historia. La AEAT, directamente, la ignora.
La Innecesaria Distopía
Lo más irónico de todo este despropósito es que es completamente innecesario. La Directiva DAC 7 ya obliga a plataformas como OnlyFans, Patreon o Airbnb a reportar directamente a las administraciones tributarias los ingresos de sus usuarios. Es un mecanismo legal, regulado, proporcional y respetuoso con los derechos.
Pero claro, eso es lento. Eso requiere procedimientos. Eso implica garantías. Y las garantías son un estorbo cuando lo que se busca es la eficacia absoluta. Así que la AEAT ha optado por crear su propia Policía del Pensamiento Fiscal, porque "trascendencia tributaria" se ha convertido en la palabra mágica que justifica cualquier atropello.
¿Dónde está el límite? Si aceptamos que Hacienda use avatares para perfilarnos masivamente, ¿qué impedirá que otras administraciones hagan lo mismo? ¿La Seguridad Social rastreando si hacemos deporte para ajustar las pensiones? ¿Sanidad monitorizando qué comemos para denegar tratamientos? El precedente es aterrador.
Conclusiones: El Silencio Cómplice de Quienes Deberían Defendernos
Esto no va de derecha o izquierda. No va de si pagas o no tus impuestos. Esto va de principios. De límites. De si estamos dispuestos a permitir que el Estado, con la excusa de la lucha contra el fraude, nos convierta en sospechosos permanentes sometidos a vigilancia algorítmica.
La AEAT ha cruzado una línea roja. Ha decidido que la eficacia recaudatoria justifica arrasar con el principio de legalidad, con el RGPD, con la jurisprudencia consolidada y, en última instancia, con nuestros derechos fundamentales. Y lo ha hecho con nuestro dinero.
Pero hay algo aún más grave que la ilegalidad de la AEAT: el silencio ensordecedor de quienes tienen la obligación institucional de impedirlo.
¿Dónde está la Agencia Española de Protección de Datos? Ese organismo que multa a empresas por no poner bien un banner de cookies, que persigue infracciones menores con celo inquebrantable, ¿dónde está ante una vulneración masiva, sistemática y manifiesta del RGPD? La AEPD tiene competencia para actuar de oficio ante infracciones graves. Este expediente es público. Las ilegalidades son evidentes. ¿Por qué no actúa? ¿Acaso los derechos fundamentales solo se defienden cuando el infractor es una pyme, pero se mira para otro lado cuando es la propia Administración del Estado?
¿Dónde está la Fiscalía? El Ministerio Público tiene el deber constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Estamos ante una posible prevaricación administrativa —dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas de su ilegalidad— y ante un tratamiento masivo de datos sin base legal que podría constituir un delito del artículo 197 del Código Penal. ¿Va a esperar la Fiscalía a que haya víctimas concretas cuando el expediente de contratación ya evidencia la ilegalidad ex ante? ¿O es que solo actúa cuando le llega la denuncia de un particular con recursos para litigar?
No todo vale. Y no puede valer.
El Estado de Derecho no es un adorno. No es una declaración retórica para los discursos. Es un sistema de pesos y contrapesos donde cada institución tiene una función: la Administración ejecuta dentro de la ley, los tribunales controlan esa legalidad, la Fiscalía vela por su cumplimiento y las autoridades de control —como la AEPD— actúan cuando se vulneran derechos fundamentales.
Si todas estas instituciones miran para otro lado, si todas deciden que es más cómodo no enfrentarse a la AEAT, entonces el sistema no funciona. Entonces vivimos en un Estado donde la ley solo se aplica a los débiles, donde los poderosos pueden violar derechos fundamentales con total impunidad, donde 714.000 euros de dinero público pueden destinarse a una herramienta manifiestamente ilegal sin que nadie mueva un dedo.
¿Hasta dónde vamos a consentirlo? ¿Hasta que un algoritmo decida que tus vacaciones en Dubái no cuadran con tu declaración y te abra un procedimiento? ¿Hasta que tu actividad en redes sociales te marque como "patrón de riesgo"? ¿Hasta que el Gran Hermano Fiscal tenga acceso completo a la película de nuestras vidas digitales?
La respuesta debería ser clara: ni un paso más. No sin una ley específica que establezca límites, garantías y controles. No sin un debate público sobre qué sociedad queremos ser. No sin que el Parlamento —y no la Administración por decreto— decida hasta dónde puede llegar el poder del Estado sobre nuestras vidas.
Y, sobre todo, no sin que las instituciones que tienen la obligación legal de defender nuestros derechos cumplan con su función. Exigimos que la AEPD actúe. Exigimos que la Fiscalía investigue. Exigimos que los tribunales se pronuncien. Porque si las instituciones de control no funcionan, si los guardianes miran para otro lado, entonces no vivimos en un Estado de Derecho. Vivimos en una ficción que se desmorona cada vez que el poder decide que las garantías son un estorbo.
Porque en 1984, Winston Smith se rinde al final. Acepta que 2+2=5. Acepta amar al Gran Hermano. Pero nosotros no vivimos (todavía) en Oceanía. Vivimos en un Estado de Derecho, y eso significa que nadie —ni siquiera Hacienda— está por encima de la ley.
Es hora de exigir que se comporte como tal. Es hora de exigir que quienes deben controlarlo cumplan con su deber. O de asumir, de una vez, que el sistema ha dejado de funcionar y que nuestros derechos fundamentales ya no importan cuando se interponen en el camino de la recaudación.
La elección es nuestra. Pero el silencio institucional es su complicidad. Y mientras leía este artículo, el algoritmo ya le estaba observando.
