George Orwell no imaginaba que su distopía más célebre se haría realidad en la España de 2025, pero aquí estamos. El Ministerio de la Verdad no se llama así; se llama Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y el Gran Hermano no te vigila desde telepantallas, sino desde tus stories de Instagram, tus vídeos de TikTok y, por si fuera poco, desde tu perfil de OnlyFans. Todo ello financiado, cómo no, con nuestros propios impuestos. La ironía es tan brutal que ni el propio Orwell se habría atrevido a tanto

La Agencia Tributaria ha perdido más de 10.000 millones en pleitos en la última década, mientras reparte 125 millones anuales en bonus por liquidaciones que en un 60% resultan erróneas. Un sistema que premia la cantidad sobre la calidad, que cobra de inmediato, aunque después devuelva con intereses, y que castiga incluso al contribuyente que gana. Este artículo expone con datos oficiales cómo la opacidad y la inercia institucional han roto la legitimidad del sistema tributario.

Hace poco más de un año que falleció. Su familia, como tantas otras, quedó sumida en el dolor y en la confusión administrativa que acompaña a la muerte de un ser querido. Entre papeles, notarios y gestiones, el tiempo voló. Y cuando quisieron darse cuenta, el plazo para presentar el Impuesto de Sucesiones había pasado. Muy pasado. Ahora, la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1297/2025, de 15 de octubre (Recurso 5673/2023), ha zanjado la cuestión de forma contundente: el plazo es de seis meses, sin recortes

En los últimos años, la derivación de responsabilidad a administradores se ha convertido en una herramienta recaudatoria de uso intensivo. El mensaje implícito era sencillo: si la sociedad no paga, pagará el administrador… y que él demuestre después que no fue culpa suya. Esa lógica puede ser cómoda para la Hacienda Pública, pero es tóxica para la seguridad jurídica y para la asunción razonable de riesgos empresariales

Existe una norma clara en España que prohíbe los pagos en efectivo por encima de determinados umbrales cuando una de las partes actúa como empresario o profesional. Desde 2012 hasta julio de 2021, el límite fue de 2.500 euros; desde entonces, se endureció hasta los 1.000 euros mediante la Ley 11/2021 de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Las sanciones son contundentes: el 25% de la cantidad pagada irregularmente. Una norma concebida precisamente para combatir el fraude fiscal, la economía sumergida y el blanqueo de capitales

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en su resolución de 24 de septiembre de 2024 (Sala 1.ª R.G. 7312/2024), ha dictado una unificación de criterio que resuelve un debate que lleva años dividiendo a inspectores y tribunales: ¿cómo debe tributar un socio que disfruta gratuitamente de bienes propiedad de su sociedad?