El Derecho bajo la lupa

La Agencia Tributaria ha perdido más de 10.000 millones en pleitos en la última década, mientras reparte 125 millones anuales en bonus por liquidaciones que en un 60% resultan erróneas. Un sistema que premia la cantidad sobre la calidad, que cobra de inmediato, aunque después devuelva con intereses, y que castiga incluso al contribuyente que gana. Este artículo expone con datos oficiales cómo la opacidad y la inercia institucional han roto la legitimidad del sistema tributario.

Hace poco más de un año que falleció. Su familia, como tantas otras, quedó sumida en el dolor y en la confusión administrativa que acompaña a la muerte de un ser querido. Entre papeles, notarios y gestiones, el tiempo voló. Y cuando quisieron darse cuenta, el plazo para presentar el Impuesto de Sucesiones había pasado. Muy pasado. Ahora, la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1297/2025, de 15 de octubre (Recurso 5673/2023), ha zanjado la cuestión de forma contundente: el plazo es de seis meses, sin recortes

En los últimos años, la derivación de responsabilidad a administradores se ha convertido en una herramienta recaudatoria de uso intensivo. El mensaje implícito era sencillo: si la sociedad no paga, pagará el administrador… y que él demuestre después que no fue culpa suya. Esa lógica puede ser cómoda para la Hacienda Pública, pero es tóxica para la seguridad jurídica y para la asunción razonable de riesgos empresariales

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en su resolución de 24 de septiembre de 2024 (Sala 1.ª R.G. 7312/2024), ha dictado una unificación de criterio que resuelve un debate que lleva años dividiendo a inspectores y tribunales: ¿cómo debe tributar un socio que disfruta gratuitamente de bienes propiedad de su sociedad?

La reciente sentencia del Tribunal Supremo 4096/2025, de 29 de septiembre ha pasado de puntillas por el debate público general, pero sus efectos jurídicos y prácticos pueden sentirse durante años en la relación entre contribuyentes y Agencia Tributaria. Bajo la apariencia técnica de una resolución sobre protección de datos, lo que realmente está en juego es el equilibrio de fuerzas entre el poder fiscal del Estado y la esfera privada de los ciudadanos en un entorno de información masiva, cruces automatizados y algoritmos de riesgo.

Este artículo examina el papel de los indicios racionales en la prueba del elemento subjetivo (dolo o culpa) de las infracciones tributarias, su encaje con el principio de culpabilidad y los estándares jurisprudenciales recientes. El Derecho tributario sancionador vive en una permanente tensión entre dos pulsos contrapuestos: la eficacia recaudatoria y la garantía del contribuyente. Esa tensión se materializa en una línea tan fina como decisiva: la que separa la infracción objetiva del hecho de la culpabilidad subjetiva