Cuando multar se convierte en la política por defecto

Una realidad incomoda

En julio de 2021, ANPIPANA se constituye mediante una aportación de participaciones sociales. La ley obliga a comunicar estas operaciones a Hacienda en tres meses. La empresa lo hace en marzo de 2022, ocho meses después. Tarde, sin duda. Lo hace voluntariamente, sin ocultación, sin fraude, sin causar perjuicio económico. Hacienda la sanciona con 10.000 euros aplicando el artículo 89.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Cumple la ley. No podía hacer otra cosa. El tribunal anula la sanción por desproporcionalidad y vulneración de principios constitucionales.

El detalle que cambia todo: desde 2014, el régimen fiscal especial para estas operaciones se aplica automáticamente salvo renuncia expresa. La comunicación tardía no afectó a la aplicación del régimen, no hubo ocultación, no hubo fraude, no hubo perjuicio económico. La operación constaba en escritura pública con mención expresa al régimen especial

La cuestión no es que Hacienda sancionara aplicando la ley. Es que el Parlamento español aprobó y mantiene esa ley que obliga a imponer sanciones que los tribunales consideran injustas.

El Parlamento aprobó en 2014 la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, donde el artículo 89.1 establece para estas infracciones: multa de 10.000 euros fija, sin posibilidad de modulación. Hacienda lo aplicó como debe hacer con cualquier ley vigente. La Abogacía del Estado lo defendió: "La sanción es la fijada por el legislador".

El tribunal lo anuló: vulnera el principio de proporcionalidad, el de capacidad económica y el derecho a la propiedad. Aplica la doctrina del Tribunal Supremo: las sanciones no pueden ir más allá de lo necesario para garantizar la recaudación y prevenir el fraude.

Las preguntas que deberían avergonzar al Parlamento: ¿qué recaudación protege multar por una comunicación tardía cuando el régimen ya se aplicaba automáticamente? ¿Qué fraude previene si constaba en escritura pública? ¿Qué control peligró si la comunicación llegó antes del plazo de declaración?

La respuesta es: ninguno. La sanción no cumple ninguna finalidad legítima. Es puro automatismo recaudatorio que el Parlamento diseñó y mantiene.

La responsabilidad del Parlamento. Conoce el problema y elige no actuar y aquí está el verdadero escándalo. El legislador español no ignora este problema. Lo conoce perfectamente. Y elige deliberadamente no actuar.

Los datos están sobre la mesa. El Tribunal Supremo lleva años advirtiendo sobre sanciones desproporcionadas. Sentencias en 2023 anularon sanciones similares en IVA por vulnerar proporcionalidad. Tribunales superiores de justicia anulan constantemente sanciones fijas sin modulación. La jurisprudencia es clara y reiterada.

Las alternativas existen. El sistema penal español usa días-multa que modulan según capacidad económica. Otros países europeos gradúan las sanciones según perjuicio real y culpabilidad. Las soluciones técnicas están disponibles y probadas.

Las consecuencias son conocidas. Miles de recursos saturan tribunales. Se generan sanciones incobrables. Se erosiona la legitimidad del sistema tributario. Se produce desigualdad: quien puede pagar asesores evita las sanciones, quien no puede las sufre.

Entonces, ¿por qué el Parlamento mantiene conscientemente este sistema?

Los motivos inconfesables del legislador

La adicción a ingresos fáciles. Las sanciones tributarias ingresaron en 2023 más de 1.500 millones de euros. Dinero que no requiere subir impuestos visibles, que no necesita negociaciones presupuestarias complejas, que no genera debate público intenso. Reformar significaría admitir públicamente que parte significativa de esos ingresos se obtiene mediante sanciones desproporcionadas. ¿Qué gobierno quiere ese titular?

El coste político de parecer "blando con el fraude". Imaginemos que un grupo parlamentario propone reformar el artículo 89.1 LIS para introducir proporcionalidad y graduación según perjuicio real. El titular sería inmediato: "Partido X suaviza las sanciones fiscales". La reacción: "¿Protegen a los defraudadores mientras los trabajadores cumplimos?"

El debate público no distingue entre fraude deliberado con perjuicio y error formal sin perjuicio. Para la opinión pública media, todo es "defraudador". Ningún partido quiere esa etiqueta. Reformar para introducir justicia no tiene premio electoral. Los beneficiarios son difusos y silenciosos. Los críticos serían ruidosos y efectivos.

La presión de la propia Administración. La Agencia Tributaria tiene peso político. Su mensaje institucional es siempre: necesitamos más medios, más recursos. Nunca: "esta ley nos obliga a sancionar injustamente, cámbienla". ¿Por qué? Porque internamente se mide por objetivos cuantitativos: recaudación, sanciones impuestas, expedientes cerrados. Un sistema más justo, más flexible, más analítico requeriría más tiempo por caso. Menos productividad aparente. La propia Administración, sin quererlo, es barrera al cambio.

La ignorancia deliberada del problema. Los parlamentarios que aprueban y mantienen estas normas no son quienes reciben sanciones de 10.000 euros por presentar comunicaciones tarde sin causar perjuicio. Cuando deben cumplir obligaciones fiscales, tienen acceso a asesoramiento profesional que les evita estos errores. El sistema machaca al pequeño empresario sin asesoramiento adecuado, a autónomos, a pequeñas empresas familiares, a contribuyentes sin recursos para costear asesoría especializada. Todos los que no tienen voz efectiva en el proceso legislativo ni capacidad de presión política.

El diseño es deliberado. Este sistema no es un accidente legislativo. Es una decisión consciente. Mantener sanciones automáticas, elevadas e inmodulables cumple varios objetivos simultáneos: genera ingresos significativos, transmite imagen de "dureza" contra el fraude (aunque sea falsa), simplifica la gestión administrativa (menos discrecionalidad, menos responsabilidad) y traslada todo el coste político a los jueces, que son quienes deben anular sanciones injustas caso por caso. Es un sistema deliberadamente diseñado para maximizar recaudación y minimizar coste político, aunque el precio sea la injusticia sistemática.

El pacto de silencio de todos los partidos Lo más revelador es el silencio. Ningún partido político importante —ni de derechas ni de izquierdas, ni en gobierno ni en oposición— ha incluido en su programa electoral la reforma del sistema sancionador tributario para introducir proporcionalidad y graduación.

¿Por qué? Porque todos saben que:

  • En el gobierno, querrán esos 1.500 millones anuales
  • En la oposición, criticarán cualquier "suavización" como blandura
  • Los votantes no premian la justicia fiscal matizada, premian la "mano dura"

Es un pacto implícito de mantenimiento del statu quo. Nadie lo toca porque a nadie le interesa tocarlo políticamente. Todos saben que el sistema es injusto. Y todos prefieren mantenerlo.

El coste de esta cobardía

Mientras el Parlamento mira hacia otro lado, las consecuencias se acumulan. Tribunales colapsados con miles de recursos contra sanciones que nunca debieron imponerse. Asuntos complejos que esperan años mientras los jueces corrigen despropósitos administrativos que cualquier análisis razonable habría evitado.

Un sistema tributario que pierde legitimidad social. Cuando las sanciones parecen diseñadas para recaudar mecánicamente en lugar de para corregir conductas, cuando se aplican sin consideración de circunstancias, el sistema solo puede sostenerse mediante coerción pura. Es frágil, conflictivo y profundamente ineficiente.

Desigualdad sistemática y un coste económico oculto que nadie cuantifica. ¿Cuántas de esas sanciones se cobran realmente? ¿Cuántas se anulan? ¿Cuánto cuesta al erario defender en tribunales sanciones que no prosperan? Si alguien hiciera un análisis coste-beneficio honesto, probablemente descubriría que el sistema es ruinoso en términos de eficiencia.

Dónde exigir cuentas

La presión debe dirigirse a los grupos parlamentarios, a las Comisiones de Hacienda del Congreso y del Senado, a quienes negocian reformas fiscales.

Las preguntas son simples: ¿Por qué mantienen un sistema que los tribunales declaran repetidamente inconstitucional? ¿Por qué prefieren ingresar 1.500 millones anuales mediante sanciones desproporcionadas en lugar de reformar la ley? ¿Cuándo piensan actuar?

No se trata de ser "blandos con el fraude". Se trata de distinguir entre fraude real y error formal, entre intención defraudatoria y descuido administrativo, entre conductas que causan perjuicio y las que no. Se trata de justicia, proporcionalidad y sentido común. Es hora de exigir cuentas a quienes tienen en sus manos cambiar esta ley y eligen mantenerla.